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La Ley de Segunda Oportunidad (“Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social”) es un mecanismo legal que permite que una persona física deudora tenga la posibilidad de liberarse de sus deudas o establecer un mecanismo de pago acorde a su situación económica real.

¿Quiénes pueden acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad?

Todas las personas físicas, sean particulares o empresarios, que no puedan pagar sus deudas y siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

¿Cuáles son los requisitos de la Ley de la Segunda Oportunidad?

Para solicitar la Segunda Oportunidad, el deudor deberá reunir los siguientes requisitos,

• Estar en situación de insolvencia o insolvencia inminente.
• Demostrar que no se puede hacer frente a las obligaciones de pago y/o deudas.
• Ser deudor de buena fe.
• Tener la residencia habitual o centro de intereses principales (negocios, patrimonio, bienes, etc.) en España.
• Tener deudas con al menos dos acreedores diferentes, pudiendo ser acreedores particulares o entidades estatales.
• No haber acudido al procedimiento de la Segunda Oportunidad en los últimos dos años, en el caso de una exoneración mediante plan de pagos y en los últimos cinco años, en el caso de exoneración con liquidación de la masa activa.
• Igualmente, el solicitante no debe haber sido condenado en los últimos 10 años por delitoscontra el patrimonio, el orden socioeconómico, falsedad documental, derechos de los trabajadores, ni contra la AEAT o la Seguridad Social.

¿Qué deudas se pueden cancelar con la Ley de la Segunda Oportunidad?

Con la Ley de la Segunda Oportunidad se cancelarían prácticamente todas las deudas, salvo las siguientes,

• Crédito hipotecario.
• Deudas derivadas de delitos y/o multas en procedimientos penales.
• Sanciones administrativas graves o muy graves.
• Deudas por alimentos.
• Deudas por salarios.
• Deudas por créditos de derecho público, excepto por deudas de la Agencia Tributaria o por la Tesorería General de la Seguridad Social, en ambos casos por un importe máximo de 10.000,00 €.
• Deudas por costas y gastos judiciales derivados del procedimiento de segunda oportunidad.

¿Cómo se consigue la eliminación de las deudas con la Ley de la Segunda Oportunidad?

Para la exoneración de las deudas, la persona física, particular o empresario, que cumpla todos los requisitos exigidos para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, podrá solicitar la exoneración de las deudas eligiendo entre dos modalidades:

• Liquidación de la masa activa, con posibilidad de exoneración completa de las deudas
• Plan de pagos, con posibilidad de exoneración parcial de las deudas.

¿Cuáles son los beneficios de la Ley de la Segunda Oportunidad?

• Hace posible el pago de las deudas.
• Garantiza el derecho de cobro de los acreedores.
• Suspende los procedimientos de ejecución, incluido el hipotecario, contra los bienes y derechos del deudor, aunque ya estuviese publicado el anuncio de subasta.
• Evita las ejecuciones, incluida la ejecución hipotecaria, hasta trascurrido un año desde la declaración del concurso con apertura de liquidación.
• Suspende el devengo de los intereses, legales o convencionales, excepto los intereses de los créditos hipotecarios.
• Cancelación del 100% de la deuda exonerable, lo que antes se conocía como BEPI (“Beneficio de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho”).
• Se cancelará el resto de la deuda hipotecaria pendiente de pago una vez liquidado el inmueble hipotecado.
• Se podrá solicitar la resolución de contratos con los acreedores, aunque no exista causa de resolución.
• Pone fin a la situación de endeudamiento.

Escrito por abogada Mariam Rodríguez 

Desde febrero del año 2006 hasta julio del año 2013, tal y como expusimos en un artículo anterior, fabricantes y distribuidores de automóviles participaron en lo que ya se ha denominado “cártel de coches”. Dicha práctica fue condenada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (en adelante, “CNMC”), mediante Resolución de 23 de julio de 2015.

La mayoría de los fabricantes y distribuidoras de automóviles recurrieron dicha Resolución de la CNMC, dando lugar dichos recursos, en última instancia, a que el Tribunal Supremo se pronunciará, durante los meses de diciembre de 2019 a junio de 2021, aproximadamente, confirmando, en todos los casos, el dictado de la Resolución de la CNMC.

Una vez confirmada la práctica colusoria llevada a cabo por los fabricantes y distribuidores de vehículos, son muchos los consumidores y usuarios afectados que han interpuesto demandas en reclamación del sobrecoste por el que se vio afectada la compra de sus vehículos, oscilando dicho sobrecoste entre un 10 % y un 15 %, calculado sobre el precio de adquisición.

A la vista de las mencionadas reclamaciones, ya existen numerosos pronunciamientos judiciales, principalmente en primera instancia, que han reconocido el derecho de los consumidores y usuarios a recuperar el sobrecoste al que se vio sometida la compra de su vehículo, más los intereses generados desde que se produjo la compra y las costas judiciales.

No obstante, todavía hay dos conceptos que siguen generando controversia alrededor de estos procedimientos; siendo uno de ellos, la cuantificación del porcentaje exacto de sobrecoste en cada caso y, otro de ellos, la prescripción de la acción.

Con respecto al primer punto controvertido, relativo a la cuantificación del porcentaje de sobrecoste, tenemos que partir de la incuestionable dificultad probatoria que tiene el consumidor-usuario afectado, puesto que las bases de datos oficiales, a través de las cuales se puede obtener la información oficial de los precios de venta, están en posesión de los fabricantes y distribuidores de vehículos. Por ello, no son pocos los Juzgados que están procediendo a estimar parcialmente las demandas interpuestas por los consumidores y usuarios, fijando el sobrecoste en un 5 %, considerando que los informes periciales de parte son insuficientes pero que, dado el esfuerzo probatorio llevado a cabo por los consumidores y usuarios y ante el incuestionable sobrecoste en los precios de los vehículos, durante la práctica colusoria, no puede considerarse una cuantía inferior.

La Sala Primera, del Tribunal Supremo, a través de su Sentencia 923/2023, de fecha 12 de junio (ECLI:ES:TS:2023:2492), con respecto al cártel de camiones, ya fijó este porcentaje de un 5 %, calculado sobre el coste de compra y, en ocasiones también, sobre el coste de los servicios postventa, como el mínimo sobrecoste que se debe estimar en las prácticas colusorias y dicha Sentencia y sus fundamentos está sirviendo de base para los pronunciamientos actuales, con respecto al cártel de coches.

Finalmente, en cuanto a la segunda cuestión controvertida, relativa al plazo de prescripción de la acción, cabe hacer mención a los pronunciamientos judiciales actuales que están abriendo la puerta a la interpretación de que el plazo de prescripción de la acción de reclamación es de cinco años, contados desde que los consumidores-usuarios tuvieron conocimiento del daño efectivo, esto es desde que se publicaron las correspondientes Sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley de Defensa de la Competencia y en el artículo 10 de la Directiva Europea.

Dicha nueva interpretación, más flexible y beneficiosa para consumidores y usuarios, abre la posibilidad para la interposición de nuevas demandas, en reclamación de sobrecostes de adquisición, dado que las Sentencias del Tribunal Supremo, que confirmaron la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, se dictaron durante los meses de diciembre de 2019 a junio de 2021 y consumidores y usuarios afectados tendrían, por tanto, hasta el mes de diciembre de 2024 o, en el mejor de los casos, hasta junio de 2026, para poder interponer las correspondientes demandas.

Con todo ello y, a modo de conclusión, podríamos afirmar que las prácticas colusorias tienen como objetivo principal el intercambio de información comercial, lo que afecta, directamente, a la subida de precios, y ello da lugar a que consumidores y usuarios afectados puedan reclamar el sobrecoste al que se han visto afectadas sus compras que, como mínimo, se debe estimar en un 5 %, calculado sobre el precio de adquisición. Así también, podemos afirmar que el plazo para interponer las acciones de reclamación es de cinco años, contados desde que se tiene conocimiento, por parte de consumidores y usuarios del daño efectivo al que se han visto injustamente sometidos.

Escrito por abogada Carmen Sevilla