El 8 de julio de 2020 se publicó el Real Decreto-Ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda, que a su vez modifica algunos aspectos del Real Decreto-ley 8/2020 y del Real Decreto-ley 11/2020.
Como modificación al Real Decreto-ley 8/2020, esta nueva disposición amplía el plazo para solicitar una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, o de inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales, hasta el 29 de septiembre de 2020.
La modificación respecto del Real Decreto-ley 11/2020, afecta a medidas relativas a vivienda habitual, ampliando el plazo de prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, y el plazo para solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta.
En cuanto a la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamientos, los contratos sujetos a la Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos, en los que dentro del periodo comprendido entre el 2 de abril (entrada en vigor del Real Decreto-ley) y el 30 de septiembre de 2020 finalice el periodo de prórroga obligatoria, o el periodo de prórroga tácita, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis meses, con la aplicación de los términos y condiciones establecidas para el contrato en vigor. Esta solicitud deberá ser aprobada por el arrendador, salvo que por mutuo acuerdo se fijen otros términos o condiciones.
La segunda modificación relativa a vivienda habitual, amplía el plazo para solicitar el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta hasta el 30 de septiembre de 2020, que el arrendatario, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, podrá solicitar al arrendador cuando éste sea un gran tenedor (titular de más de diez inmuebles urbanos, o una superficie construida de más de 1.500 m2) o una entidad pública de vivienda, siempre y cuando no se haya conseguido anteriormente por acuerdo entre las partes.
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